¨Violencia obstétrica¨

CABECERASMMMSF

En los últimos meses hemos asistido a un crecimiento exponencial de las embarazadas en las que se diagnostica infección por coronavirus, lo que ha traído consigo un incremento significativo de la presión asistencial en las áreas de obstetricia y neonatología, dada la mayor complejidad en el manejo de las mismas y de sus recién nacidos. Este hecho coincide en el tiempo con la intención del Ministerio de Igualdad de avanzar en la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con la inclusión del término ¨violencia obstétrica¨ dentro de las formas de violencia de género.

Dicho término, definido como ¨aquella que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos¨, recogido ya en algunas leyes vigentes en ámbito autonómico, ha creado un profundo malestar entre los profesionales sanitarios.

Este malestar se traduce en numerosas acciones llevadas a cabo por sociedades científicas y organizaciones profesionales frente a lo que consideran un término desafortunado, que según los afectados en absoluto se ajusta al modelo actual de asistencia al parto, centrado en la defensa de la mujer. Tales han sido los pronunciamientos de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Madrid, la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO), del Consejo General de Colegios de Médicos, etc. Dichos organismos consideran el debate actual basado en el análisis de prácticas propias de épocas pasadas, efectuado sin tener en cuenta el contexto en el que se daban. Señalan asimismo que la violencia obstétrica entendida como la violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer, hace referencia al trato contrario a las normas éticas y legales en la asistencia al embarazo, parto y postparto.

Desde el Sindicato Médico queremos expresar nuestra preocupación, tanto por la consideración del concepto de violencia obstétrica como forma de violencia de género, como por la creación de alarmas sociales innecesarias, que contribuyen a erosionar la confianza médico-paciente, y por tanto las condiciones laborales de los profesionales.

Consideramos que la situación que vive la asistencia al embarazo en nuestro país, con redistribución de recursos, sobrecarga asistencial, incremento en el número de complicaciones en parto y periodo neonatal, punto este último agravado por los efectos derivados de la pandemia, etc., requieren una adecuada evaluación del tema, alejada de los intereses particulares de cada colectivo y que tenga en cuenta las posturas de sanitarios, colectivos sociales y sociedades científicas, a fin de distinguir situaciones de violencia frente a la mujer de otras en las que no se cumplen los criterios éticos y/o científicos para la atención que se presta. Ello permitirá avanzar en un modelo asistencial multidisciplinar y colaborativo centrado en la mujer, y mejorar la interacción entre profesionales, fomentando además la confianza de las pacientes y su entorno. No es el momento de debates estériles sobre situaciones que afortunadamente ya no son en absoluto habituales, y que, de darse, cuentan con mecanismos para denunciarlas y erradicarlas.

Así pues, nos unirnos a la propuesta realizada por muchos de nuestros compañeros sobre la necesidad de evitar el uso de este tipo de términos, solicitar que el Gobierno cuente con el asesoramiento de los profesionales y de las organizaciones que los representan, y exigir los recursos necesarios para garantizar una asistencia de calidad a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este sentido, resulta fundamental abrir un diálogo constructivo, con el objetivo de hacer desaparecer las prácticas no deseadas mediante la colaboración de todos.

                El Comité Ejecutivo del SMM