Miércoles 1 Abril 2020

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  • Empleo Público

La Junta se plantea ahora dar marcha atrás con la jornada semanal de 35 horas

La consejera de Hacienda dice que se acatará la resolución del Tribunal Constitucional sin despedir trabajadores «ni perjudicar sus derechos»

La Junta ignora desde julio la suspensión del Constitucional sobre las 35 horas

El Gobierno andaluz lleva casi cuatro meses ya retrasando la suspensión de su decreto de 35 horas a la espera de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dé algún paso que le evite tener que modificar la jornada de trabajo de todos sus funcionarios en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional (TC) en el mes de julio, y que tendrían que haber surtido efecto de inmediato.

Sin embargo, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se planteaba ayer la posibilidad de dar marcha atrás con la reducción horaria a la vista de que no hay perspectiva alguna a corto plazo de que se levanten esas medidas cautelares.

La Junta confiaba al respecto en que el Gobierno trasladara al Tribunal Constitucional un pronunciamiento contrario al mantenimiento de la suspensión. Pero, dado que no hay noticias del mismo, de momento, la consejera anunciaba este jueves la posibilidad de reunir a las organizaciones sindicales para restablecer las 37,5 horas semanales, aunque sin que ello suponga rescindir los contratos realizados al amparo de la reducción horaria «ni tampoco -añadió- perjudicar los derechos de los trabajadores en Andalucía».

«Hablaremos de las fórmulas que se pueden poner en marcha», afirmó al respecto preguntada por los periodistas durante la apertura de la I Jornada de Evaluación de Políticas Públicas organizada por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).

De alguna forma, el conflicto catalán podría estar también detrás de este periodo de impás en las negociaciones entre el Gobierno y la Junta de Andalucía a este respeto. De un lado, porque la recuperación de las 35 horas para los funcionarios de toda España depende en parte de que sea posible aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo cual parece cada día más improbable en la medida en que la situación en Cataluña ha dejado ya al PP sin apoyos parlamentarios de momento. Y depende también de la negociación del Gobierno del PP con los sindicatos, que en estos momentos se encuentra estancada.

Por otro lado, y pese a la situación de 'insumisión' en que claramente se encuentra desde julio la Junta de Andalucía con respecto a la orden del Constitucional -Podemos así se lo ha recordado en el Parlamento-, al Ejecutivo de Mariano Rajoy no le interesa en estos días elevar el tono de la confrontación con la Junta de Andalucía, cuya presidenta, Susana Díaz, manifiesta prácticamente a diario su apoyo a la gestión del Gobierno y la defensa del Estado de Derecho en la crisis catalana.

Así las cosas y pese a que los meses avanzan sin que se desbloquee la situación, fuentes del Gobierno sostienen que «todavía hay plazo», sin concretar si tiene intención de retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado ante el TC pero, sobre todo, evitando valorar el evidente desacato en que incurre la Junta de Andalucía aplazando sine die la recuperación de la jornada de 37,5 horas para sus empleados públicos.

Con acuerdo o sin él, el Constitucional deberá volver a valorar si mantiene o prorroga las medidas cautelares dictadas en relación al decreto de la Junta antes del 14 de enero de 2018, cuando se cumplen los cinco meses -sin contar el mes de agosto, que es inhábil- de los que dispone el tribunal para tomar esa decisión desde la fecha -14 de julio- de la presentación del recurso por parte del Gobierno de la Nación.

Todo eso, si antes no resuelve el fondo del asunto, que no es otro que dictaminar si la Junta se excedió o no en sus competencias al modificar (reducir) la jornada laboral de los empleados públicos andaluces en contra de lo dispuesto a tal efecto por el Ejecutivo central en el contexto de los recortes del gasto público decretado en los peores años de la crisis. Dada la experiencia, no parece probable que el Tribunal Constitucional vaya a resolver a corto o medio plazo la cuestión. Es más, lo habitual es que se apuren los plazos.

 

Fuente: elmundo.es

Hola soy médico. Trabajo desde hace dos décadas para la sanidad pública como Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.  No sé si publicará esta carta, pero por lo menos lo intento.

He revisado entre el asombro y el regocijo las noticias al respecto del bragado maquinista capaz de parar su tren para no poner en peligro potencial a sus ocupantes, al superar el tiempo que de forma continuada podía conducirlo. Digo bragado porque hay que tener valor para exponerse al calvario de investigaciones, expedientes, sanciones y demás presiones que la empresa le va a hacer soportar. Seguro había sido más fácil seguir hasta llegar a su destino, como seguro él mismo y muchos de sus compañeros, ha hecho otras veces, ya que, hasta que pasa, nunca pasa nada, por conducir dos o tres horas más.