Lunes 28 Mayo 2018

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El lío judicial de la OPE en Sanidad que puede imputar a Montoro y sindicatos.

MONTOROEPE

El presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), Manuel Martos, ha adelantado a ConSalud.es que deducirá testimonio penal contra los firmantes del acuerdo si no presentan actas o autorización jurídica del mismo.

 

Fuente: consalud

La OPE nacional del sector sanitario, convocatoria acordada entre el Gobierno central y los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF, podría paralizarse. Y es que el Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso presentado por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) contra dicho acuerdo, lo que permitiría a esta agrupación solicitar la suspensión cautelar de la OPE ante el TS.

Según explica a ConSalud.es el abogado y presidente de ANIL, Manuel Martos, han presentado este recurso al no existir “ningún tipo de acta, autorización o asesoría jurídica” de dicho acuerdo, ya que entiende que “no se puede, bajo ningún concepto, llegar a ningún tipo de acuerdo que afecte a la Ley de Presupuestos” sin dichos documentos. Martos alega en este sentido que, el acuerdo, según la exposición de motivos, “se ha vinculado al artículo 19 de la Ley de Presupuestos”.

En primer lugar, este abogado presentó el recurso ante la Audiencia Nacional. Pero tras recabarse el correspondiente expediente administrativo, la secretaría general del Gobierno afirmó, según detalla Martos, que “al ser un acuerdo político no existe ningún tipo de acta ni ha habido autorización. En ese momento “se da traslado al Tribunal Supremo al entender que es el órgano competente”.

Tras ser admitida por el TS, Manuel Martos anuncia que se dará un plazo para que Ministerio de Hacienda y sindicatos firmantes “me aporten lo que considero que es necesario y legal, las actas”. Si no ocurre, asegura que irá más allá: “si no hay actas, se deduce demanda en forma, con el del expediente administrativo, y automáticamente deduciré pieza y testimonio penal para que se impute tanto al Gobierno por un lado, en la persona de Cristóbal Montoro, como a los representantes de los tres sindicatos, porque entiendo que han incurrido en delito penal”.

Este abogado ha recalcado a este medio que el hecho de que no exista autorización del acuerdo “no es que sea ilegal, es un delito penal, un delito como un camión”. Por ello, si los implicados no aportan justificación deducirá “una demanda en el Tribunal Supremo vía contencioso-administrativo, e iré por lo penal”.

Afecta al personal sanitario

El presidente de ANIL ha subrayado que las condiciones de este acuerdo “tienen mucha repercusión sobre el personal sanitario”. Y es que, según indica, este convenio “no diferencia entre categorías y administraciones”, lo que podría suponer “perjuicio” para el personal interino: “Esto va a ser un ERE como un camión”, sentencia.

Por otra parte, con respecto a la posibilidad de paralizar la OPE, ha puntualizado que “no hay plazo para hacerlo”. Además, con respecto a aquellas convocatorias que están ligadas a su aprobación, el plazo de impugnación es “de dos meses desde la publicación”. Aun así, desde ANIL han subrayado que “no es su intención paralizar y evitar oposiciones”. En su lugar, solicitan “igualdad en el acceso”, para lo que reclaman “tratar de forma desigual situaciones diferentes y no es lo mismo ser interino longevo que nuevo opositor”.

CC.OO. No cree que esté admitida

Mientras, desde CC.OO., uno de los sindicatos firmantes del acuerdo, han recelado de este asunto: “no nos consta que el TS haya admitido a trámite el recurso”. Así lo ha asegurado a este medio Pablo Vicente, responsable de comunicación de la Federación de Sanidad de CC.OO. Aun así, ha anunciado que en el caso de que la causa prospere “nos personaremos, por supuesto”.

En su defensa, este responsable sindical ha manifestado que “no se ha vulnerado ningún principio legislativo”. Por ello, esperan que no se llegue a paralizar la OPE: “En estos momentos no hay ningún argumento”. Finalmente, ha denunciado que este conflicto ha podido verse motivado por “la debilidad legislativa de muchas CC.AA., incluso del Ministerio en muchos casos”, hecho que según Pablo Vicente “abre brechas vías para que este tipo de asociaciones o ciudadanos puedan promover iniciativas contra sus normas”.