Lunes 28 Mayo 2018

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  • Andalucía

La Policía detecta irregularidades en contratos (helicopteros) del 061

HELICOPTEROLa Policía Judicial dice que la Junta habría favorecido a un «cártel» de empresas en el alquiler de helicópteros igual que en el caso Infoca

La juez imputa a tres altos cargos de Medio Ambiente y al ex director del Infoca por los contratos irregulares

Fuente: elmundo.es

Primero fueron los contratos de alquiler de medios aéreos para el Plan Infoca y ahora los de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), más conocida como el 061. La Policía Judicial de la Policía Nacional ha encontrado irregularidades en cinco expedientes de contratación adjudicados entre los años 2010 y 2015 por un importe superior a los 34 millones de euros.

En un informe fechado el pasado 26 de diciembre en el marco de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, la Unidad Adscrita a los Juzgados ha detectado en los contratos de las 061 irregularidades prácticamente idénticas a las que encontró en las adjudicaciones del Plan Infoca. Se repite, según el informe al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, desde la presunta colusión de empresas -pacto entre las adjudicatarias para repartirse los contratos- hasta la vista gorda de la Junta para no dar aviso, como es preceptivo, a las autoridades de la competencia.

Más aún: se repite el modus operandi y hasta los protagonistas, dado que dos de las empresas investigadas en el caso Infoca o 'Cártel del fuego andaluz' -Inaer y Faasa- son los grandes beneficiarios de los contratos que la Policía Nacional cuestiona en su informe.

De acuerdo con las tesis policiales, ambas compañías se habrían repartido los cinco contratos en función de un supuesto acuerdo previo por el que se adjudicaban las provincias en las que operar. Tanto es así que a la mayoría de los lotes en los que se dividen los contratos sólo se presentó una de ellas que, lógicamente, se hizo con la adjudicación.

Todo lo anterior, prosiguen los investigadores, con la necesaria complicidad de la Administración andaluza y de sus responsables en la EPES y en la Consejería de Salud, de la que depende la empresa pública que gestiona el 061.

Silencio cómplice

El gobierno de Susana Díaz no sólo no dio la voz de alarma ante la, a juicio de la Policía, evidente colusión de empresas. Además, favoreció a las adjudicatarias hasta el punto de pasar por alto o modificar los pliegos de los concursos adaptándolos a las necesidades de las compañías.

Uno de los casos más flagrantes, según señala el informe de la Policía Judicial, es que permitiese a Faasa hacerse con uno de los contratos a pesar de no contar con los medios requeridos para realizar vuelos de emergencias sanitarias nocturnos. La propia empresa le comunicó a la Junta que en caso de requerirse un vuelo de noche lo harían pero con una aeronave distinta a la requerida.

O el cambio de otra cláusula de manera que se pasó de exigir aeronaves de menos de cinco años a aeronaves con una antigüedad media de cinco años.

Ello pone de relieve, manifiestan los investigadores, la «posición de privilegio» que han llegado a conseguir las empresas del sector, un «oligopolio» permitido y fomentado por la Administración andaluza y que ha llegado al extremo de tener que plegarse a las imposiciones de las adjudicatarias.

La Policía llega a afirmar que en lo que respecta a los contratos de alquiler de medios aéreos del 061 existe un «cártel» de empresas que se reparte las adjudicaciones muy similares al «cártel del fuego» que se investiga no solamente en Andalucía, sino a nivel nacional desde un juzgado de Sagunto.

A la vista de estas conclusiones, el jefe de la Unidad Adscrita a los Tribunales ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción 8 que requiera a la Consejería de Salud y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para que identifiquen a los componentes de los órganos de contratación, los responsables inmediatos de las adjudicaciones bajo sospecha.

Con esta petición, la Policía apunta ya a más que probables imputaciones que, en un principio, afectarían a los componentes de las mesas de contratación.

En relación a estas acusaciones, la empresa Faasa negó las irregularidades y defendió la legalidad de los contratos, destacando además que "desde hace años" no es proveedor del 061 por la "falta de viabilidad económica" de estas adjudicaciones, ya que los precios "son de los más bajos de Europa".

Por otro lado, fuentes de Faasa destacaron que la antigüedad de una aeronave no la hace más o menos segura.

Del caso Infoca al caso 061: la historia se repite


La investigación judicial sobre los contratos de alquiler de medios aéreos por parte de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), del 061 en definitiva, deriva directamente de la causa, abierta en 2015, en la que se investigan contratos muy similares, pero en otro ámbito de la Administración autonómica andaluza, el Plan Infoca para la lucha contra los incendios forestales, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Precisamente, los dos casos han sido denunciados por la misma persona, un funcionario destinado en Medio Ambiente y al que, tras estallar el escándalo y hacerse pública la investigación, abrieron expediente y mandaron a su casa bajo la acusación de acoso a varias compañeras.

El funcionario, Jaime González, advirtió de las irregularidades en los contratos del 061 en una ampliación a la denuncia que formuló sobre las adjudicaciones del Plan Infoca y la Policía Nacional encontró «base indiciaria» suficiente para abrir una nueva línea de investigación. Además, el sindicato CGT denunció en Málaga las mismas irregularidades ante la Fiscalía, que terminó por inhibirse y dejarlo todo en manos del juzgado sevillano.