Sábado 18 Noviembre 2017

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El Gobierno andaluz intenta sofocar la "alerta sanitaria" que ha desatado el vídeo en internet de un médico de Málaga que acusa a los sanitarios de retirar tratamientos a cambio de un plus salarial. El vídeo, tuiteado por PP y Podemos, ha sido desautorizado por decenas de médicos

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El Gobierno andaluz está lidiando estos días con una "alerta sanitaria" que se ha difundido como la pólvora a través de las redes sociales: el 16 de agosto, un médico de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Málaga, el doctor Carlos Bautista, subió a internet un vídeo grabado en su consulta donde acusaba a la Junta de presionar a los sanitarios para que retiren tratamientos ya prescritos a ciertos enfermos. Bautista mostraba una lista de pacientes —con los nombres tachados para proteger su identidad— que le había hecho llegar la Consejería de Salud "para que les retiremos los tratamientos". "Si no se los quitamos, nos pagan menos dinero. Para ellos, ser buen médico es no recetar o retirar medicamentos cuando ellos deciden", denunció.

El vídeo tiene más de 13.800 visitas en YouTube. Fue difundido a principios de septiembre en Twitter por dirigentes políticos tan dispares como Íñigo Errejón (Podemos) —con más de 3.500 retuits— o Juanma Moreno (PP andaluz). Errejón escribió: "Chantajean a nuestros médicos para que retiren tratamientos a pacientes que los necesitan. Así responden a los recortes". El impacto del vídeo tiene mucho que ver con que la denuncia partiera de un médico de la sanidad pública, un miembro del SAS. Pero la Consejería de Salud advirtió el riesgo de "alerta sanitaria" al ver cómo se desencadenaba una bronca discusión en las redes: Médicos contra médicos y pacientes enfrentados a sus propios facultativos. Unos se acusaban de "poner en riesgo la salud de los andaluces por criterios economicistas, para ganar más dinero"; y otros le reprochaban a su compañero que hubiera lanzado una "información falsa" o "tergiversada". ¿Qué hay de verdad en todo esto?

En 2006, antes de que estallara la crisis y arreciaran los recortes en el gasto público, el Gobierno de Andalucía ya había puesto en marcha la llamada Estrategia de seguridad del paciente, un protocolo que obligaba a la revisión periódica de tratamientos crónicos ya prescritos a los enfermos. Uno de los objetivos era "limitar el exceso de prescripción de medicamentos" bajo la presunción de que en ciertos casos existían más riesgos que beneficios para el paciente.

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El protocolo consiste en coordinar a los servicios de Farmacia del SAS con los centros de Atención Primaria de sus distritos. Los farmacéuticos revisan historias clínicas con un determinado perfil: pacientes polimedicados que tienen prescritos un elevado número de fármacos (muchos son mayores de edad), y entre ellos detectan posibles problemas, por ejemplo, relacionados con la mezcla de pastillas, como duplicidades terapéuticas (distintos médicos recetan sin saberlo el mismo tratamiento); o reacciones adversas por el cruce de varios fármacos; o medicamentos que superan la dosis máxima recomendada en la ficha técnica.

Una de las personas que elabora esas listas es Estefanía López, del servicio de Farmacia de Córdoba: "Basándonos en evidencias clínicas, podemos deducir que dos fármacos, al interaccionar en el mismo paciente, pueden anular o disminuir su eficacia. Puede que una de las pastillas potencie los efectos secundarios de la otra. O simplemente que lo que antes funcionaba en un paciente, ya no le sirve. Entonces se recomienda su retirada, pero la decisión última depende del criterio profesional del médico. Él decide si modifica la prescripción o si la mantiene", explica.

Por ejemplo, los medicamentos antidiabéticos pertenecen al grupo terapéutico que mayor número de ingresos hospitalarios genera por efectos adversos, y es habitual que se revisen las prescripciones de esos pacientes por riesgo de hipoglucemia. También es común el caso de personas que toman antiagregantes (como la aspirina infantil) para prevenir trombosis o infartos, y a la vez tienen prescritos antiinflamatorios. El cruce entre ambos fármacos puede provocar hemorragia intestinal, de modo que hay que vigilar las dosis e incluso retirar un medicamento si se detecta un sangrado.

Este listado de historias clínicas revisadas se remite dos veces al año a los centros de salud y a los hospitales andaluces desde los servicios centrales del SAS. Otras veces, los servicios de Farmacia se las envían directamente a los médicos de familia de sus distritos. Ese listado de pacientes es el que el doctor Bautista denuncia en su polémico vídeo.

¿Ahorro, incentivos o seguridad del paciente?

¿Qué ocurre si el médico de cabecera discrepa del criterio de Farmacia? Si no está de acuerdo con retirarle cierto medicamento. ¿Le pagan menos por ello, como denuncia el doctor de Málaga? Es posible, aunque todos los médicos consultados rechazan que exista una relación causa-efecto ligada a criterios economicistas. El SAS, como hacen muchas empresas, se rige por una serie de objetivos de gestión clínica regulados en una norma (desde 2009). Los médicos, los enfermeros —también el trabajo de toda una unidad clínica— reciben incentivos económicos en función de los objetivos alcanzados a lo largo del año. Un complemento variable que aparece en sus nóminas, que fue negociado en mesa sectorial con los sindicatos, y que puede alcanzar unos 2.000 euros al año (varía según la categoría profesional y el nivel de responsabilidad).

Uno de los objetivos que se marca el Sistema Andaluz de Salud es el "uso racional del medicamento", esto es, el control sobre "la excesiva medicalización de la población", que es un problema acreditado por la comunidad científica. Se fomenta, por tanto, la revisión de las recetas y la posterior "desprescripción" (retirada de fármacos) dentro de esa lista de pacientes que Farmacia le remite a los centros de salud. El problema es que el famoso vídeo denuncia que este protocolo se rige por criterios de ahorro (para el sistema) y de beneficios (para la nómina de los profesionales sanitarios), y no por preservar la seguridad del paciente.

Si fuera así, ¿es posible calcular cuánto gana de más un médico por retirar tratamientos? La doctora Pilar Terceño ha sido muy crítica con su compañero Bautista en las redes sociales. "En 2015 mi productividad, con un cumplimiento óptimo (9.5) me diferenció en 300 euros de lo que cobró el siguiente médico en orden de puntuación (6.5). A ver, compañero de Málaga, ¿cuántos céntimos de esos 300 euros crees que son atribuibles a haber revisado o no los listados de potenciales problemas de prescripción?", le pregunta. Entre los medicamentos que más a menudo se retiran figuran los protectores de estómago como el omeprazol, el pantoprazol y el rabeprazol; o estatinas para disminuir el colesterol, como la simvastatina, la rosuvastatina o la atorvastatina. El precio de estos productos en una farmacia, en la dosis mínima, oscila entre dos y cuatro euros.

El médico de Málaga, portavoz también de la plataforma crítica Basta Ya, utilizó el vídeo para culpabilizar a los gestores del SAS, tratando de exculpar a sus compañeros médicos, de quienes dijo: "Nunca se prestarán a retirar medicamentos por razones económicas". Pero al arrojar la duda sobre el sistema de desprescripción, arrastró consigo a muchos médicos cuyo juicio clínico fue puesto en entredicho en las redes sociales por muchos ciudadanos. "Cuando Errejón dice que la Administración chantajea a los médicos, ¿quiere decir que los médicos andaluces no tenemos criterio científico, que se nos puede chantajear por unos euros?", se pregunta Jesús C., médico en un centro de salud de Sevilla.

A medida que el vídeo se hacía viral, la polémica se ha agigantado, y muchos otros médicos han intervenido en el debate para desautorizar a Bautista y a los políticos que, "de forma irresponsable, han contribuido a difundir la alarma". "Hay muchos déficit del sistema sanitario que son criticables: se pueden señalar las consultas saturadas en Atención Primaria, las largas listas de espera para operarse, la falta de camas en verano, el recorte de plantilla… se puede cuestionar la gestión de la Junta sin necesidad de mentir ni generar una alarma sanitaria como ésta", le replica José Arias, otro médico de Málaga.

"Yo no quito o pongo medicación por dinero ni dejo de derivar pacientes a un especialista por una recompensa en incentivos de productividad. Tengo mi propio juicio clínico y lo sigo aunque de ello se derive no percibir un plus en el suelo", escribe en su blog Ángel, médico rural de Jaén. "A los médicos de familia no nos quitan dinero por no retirar tratamientos necesarios. Si fuera así, este médico debería estar denunciando al SAS en lugar de hacer vídeos. Y si transige y lo hace, él mismo es denunciable", escribe Terceño.

Probablemente Bautista no esperaba que el vídeo se le volviera en contra ni que le llovieran duras críticas de sus compañeros contra él. El viernes subió a internet otro vídeo anunciando que "va a dejar esta polémica, para denunciar otras cosas". "No voy a denunciar más estas listas de pacientes. La prescripción es libre y personal, y yo respeto las vuestras", dice, dirigiéndose a otros médicos.

El azote de 'Spiriman'

Este episodio confirma que la Consejería de Salud se mueve en un campo de minas desde hace unos años. El deterioro de la sanidad pública, agudizado durante la crisis por los recortes presupuestarios y los ajustes de personal, ha obligado al Gobierno andaluz a afrontar las críticas de un adversario invencible: los pacientes y su propia plantilla sanitaria. El Ejecutivo de Susana Díaz no puede confrontar abiertamente con ellos como lo hace con las denuncias diarias del PP, porque muchos son sus médicos y usuarios de la sanidad pública.

La gente está poniendo en cuestión la calidad del SAS, otrora "joya de la corona" de la Junta, y lo está haciendo con toda la resonancia que le permiten las redes. En internet se mezclan críticas legítimas y razonadas con bulos incendiarios y demagogia. En ambos casos, la Administración percibe una cierta predisposición de la ciudadanía a creérselo todo, en parte por el malestar acumulado de la gente ante el deterioro de la atención sanitaria. "Se tuitean mil veces más los defectos del sistema que los logros", se queja la consejería.

El médico de Málaga —con toda una serie de vídeos-denuncia en internet— viene a sumarse a una lista de profesionales que critican la sanidad pública desde dentro. Son los spiriman que han catalizado el cabreo in crescendo de sanitarios y pacientes. Quizá el más famoso de todos es el doctor granadino Jesús Candel, alias Spiriman, que supo concentrar toda esa frustración en un canal de YouTube que llenó de críticas, denuncias e insultos contra el Gobierno andaluz.

Candel movilizó el año pasado a 50.000 personas en Granada, capaces de frenar la polémica fusión de hospitales y de forzar la dimisión de la cúpula del SAS (incluido el gerente, el viceconsejero y, más tarde, el consejero). La Junta no supo ni sabe cómo apagar el incendio del descontento que reina en las redes sociales. Y Spiriman ya les ha amenazado, con insultos y descalificaciones, con volver a movilizar a la gente si no equipan a los dos hospitales de Granada antes del 1 de octubre.

 

Fuente: publico.es